El Consejo de la Unión Europea ha alcanzado un acuerdo político sobre su posición relativa a la propuesta de Reglamento que establece un sistema común para el retorno de nacionales de terceros países en situación irregular dentro de la Unión Europea. Este texto constituye uno de los pilares pendientes del Pacto sobre Migración y Asilo y marca un cambio relevante respecto al marco vigente desde 2008, basado hasta ahora en la Directiva de Retorno.
El objetivo declarado del nuevo Reglamento es acelerar, simplificar y hacer más efectivos los procedimientos de retorno, ante un dato que las propias instituciones europeas consideran preocupante: aproximadamente tres de cada cuatro personas a las que se les ha dictado una decisión de retorno en la UE no llegan a abandonar el territorio europeo.
⏺️ Un sistema común de retorno a escala de la Unión
La propuesta sustituye a la Directiva 2008/115/CE y crea un sistema común y directamente aplicable en todos los Estados miembros para gestionar los retornos de personas extranjeras en situación irregular. El Reglamento establece un procedimiento común, obligaciones explícitas para las personas afectadas y un conjunto reforzado de instrumentos para las autoridades nacionales, todo ello con el objetivo de evitar disparidades entre Estados miembros y reducir los movimientos secundarios dentro del espacio Schengen.
El texto insiste en que el retorno debe realizarse respetando los derechos fundamentales, el principio de no devolución y el Derecho internacional, así como la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En el siguiente enlace, puedes acceder al texto completo de la propuesta de Reglamento y a la posición del Consejo de la Unión Europea publicada oficialmente: enlace al texto.
⏺️ Nuevas obligaciones para las personas en situación irregular
Uno de los elementos centrales del Reglamento es la introducción de obligaciones claras para las personas a las que se les haya ordenado abandonar el territorio de la Unión. Entre ellas se incluye la obligación de cooperar activamente con las autoridades, permanecer localizables, facilitar documentos de identidad o de viaje, proporcionar datos biométricos y no obstaculizar de forma fraudulenta el procedimiento de retorno.
El incumplimiento de estas obligaciones podrá tener consecuencias, que los Estados miembros podrán modular en su legislación nacional. Entre ellas, el texto prevé la posibilidad de reducir o denegar determinadas prestaciones, retirar permisos de trabajo o imponer sanciones, incluidas sanciones penales conforme al Derecho nacional.
⏺️ Reconocimiento mutuo de las decisiones de retorno
El Reglamento introduce un mecanismo de reconocimiento mutuo de las decisiones de retorno entre Estados miembros. Esto permitirá que una decisión dictada en un Estado miembro pueda ser ejecutada directamente por otro, sin necesidad de iniciar un nuevo procedimiento, si la persona se desplaza de forma irregular dentro de la Unión.
Este sistema se apoyará en la creación de una orden europea de retorno, un formulario estandarizado que recogerá los elementos esenciales de la decisión y que deberá incorporarse al Sistema de Información de Schengen (SIS). Aunque el reconocimiento mutuo no será obligatorio en una primera fase, la Comisión Europea evaluará su funcionamiento dos años después de la entrada en vigor del Reglamento y podrá proponer su carácter obligatorio.
⏺️ Centros de retorno en terceros países
Otra de las novedades más relevantes es la posibilidad de que la Unión Europea o uno o varios Estados miembros celebren acuerdos o convenios con terceros países para establecer centros de retorno. Estos centros podrán funcionar como lugares de tránsito para un retorno posterior o, en determinados casos, como destino final.
El Reglamento establece condiciones estrictas para estos acuerdos: el respeto de los derechos humanos, del principio de no devolución y la existencia de mecanismos de supervisión independientes. Asimismo, deberán regularse las condiciones de estancia, los procedimientos aplicables y las consecuencias del incumplimiento del acuerdo.
⏺️ Medidas reforzadas para personas que supongan un riesgo para la seguridad
El texto prevé un régimen específico para las personas consideradas como un riesgo para la seguridad. En estos casos, se contemplan prohibiciones de entrada más largas, incluso indefinidas, y períodos de internamiento superiores a los habituales, siempre sujetos a los principios de necesidad y proporcionalidad.
El internamiento podrá alcanzar, con carácter general, hasta veinticuatro meses, con posibilidad de prórrogas adicionales en circunstancias excepcionales, y podrá ejecutarse incluso en centros penitenciarios si no existen instalaciones específicas disponibles, manteniendo la separación respecto de los presos ordinarios.
⏺️ Siguientes pasos y encaje en el Pacto sobre Migración y Asilo
La posición acordada por el Consejo servirá ahora como base para las negociaciones con el Parlamento Europeo en el marco del procedimiento legislativo ordinario. El objetivo es alcanzar un texto definitivo que complete el Pacto sobre Migración y Asilo, aprobado en 2024 y cuya aplicación está prevista a partir de junio de 2026.
Este nuevo Reglamento pretende reforzar la credibilidad del sistema migratorio europeo, dotando a los Estados miembros de herramientas comunes y más eficaces para ejecutar las decisiones de retorno, al tiempo que se mantiene, al menos en el plano normativo, el respeto de los derechos fundamentales.
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