Durante más de un año, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización de personas extranjeras en situación administrativa irregular ha estado estancada en el Congreso. Aunque fue respaldada por más de 700.000 firmas y apoyada por más de 900 organizaciones sociales, los principales partidos políticos no apostaban claramente por ella. Sin embargo, la situación ha dado un giro de 180 grados. Lo que hasta hace semanas era considerado inviable y políticamente incómodo, se ha convertido ahora en una urgencia.
⏺️ ¿Qué ha cambiado?
La entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería, prevista para este martes 20 de mayo, ha tenido un efecto bumerán. Si bien esta nueva regulacion busca agilizar trámites y evitar duplicidades en la presentación de documentos, también introduce restricciones que dejarán en el limbo jurídico a miles de personas, especialmente solicitantes de asilo y jóvenes extutelados.
Por ejemplo, quienes han solicitado protección internacional y actualmente trabajan con un contrato temporal, podrían verse obligados a dejar su empleo y pasar a la irregularidad si su solicitud es denegada. Esto se debe a que el nuevo reglamento impide que el tiempo de estancia legal como solicitante de asilo pueda computarse para obtener un permiso por arraigo, como ocurría antes.
⏺️ Una respuesta política urgente
Ante este panorama, el Gobierno —y en particular el ala socialista que hasta ahora había mostrado reticencias— ha decidido acelerar la tramitación de la ILP como fórmula para corregir los errores generados por el nuevo reglamento. Según fuentes gubernamentales, Pedro Sánchez ha mostrado un interés especial por medidas que afecten a la población extranjera, no solo desde una perspectiva humanitaria, sino también como respuesta a las necesidades de sectores productivos que alertan de falta de mano de obra.
La regularización se plantea como una medida estructural, con la posibilidad de beneficiar a más de 400.000 personas. Además de permitirles salir de la irregularidad, contribuiría a mejorar la cohesión social y fortalecer el mercado laboral formal.
⏺️ ¿Qué se espera ahora?
El Gobierno trabaja a contrarreloj para consensuar un nuevo texto de la ILP, inicialmente con Podemos y, más adelante, con el resto de grupos parlamentarios. Aunque Vox ya votó en contra en su momento, el PSOE y el PP, presionados por distintos factores, se abstuvieron de bloquearla. Ahora, sin embargo, su posicionamiento será clave para que la medida salga adelante antes del verano, tal y como se ha propuesto.
Uno de los objetivos del nuevo texto es incluir a todos aquellos colectivos que quedarían excluidos por el reglamento, como los solicitantes de asilo rechazados, jóvenes migrantes extutelados o personas con empleos precarios no regularizados.
⏺️ Un cambio de paradigma
Si se aprueba, esta regularización supondría una de las reformas más ambiciosas en política migratoria en más de una década. No solo aliviaría el sistema de extranjería, hoy saturado y en muchos casos ineficaz, sino que apostaría por la inclusión y el reconocimiento de la realidad social del país: cientos de miles de personas extranjeras ya viven, trabajan y contribuyen en España.
En un contexto internacional donde los discursos antiinmigración ganan fuerza, esta medida puede parecer arriesgada. Pero su origen ciudadano, a través de una ILP, le da una legitimidad democrática difícil de cuestionar, incluso en Bruselas.
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